El coronavirus asfixiará aún más a las comunidades de vecinos

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El impago de las cuotas que deben afrontar los propietarios repunta un 50% durante los meses del estado de alarma

La situación que deja la crisis del coronavirus en las comunidades de propietarios de España no es buena. La morosidad ha repuntado un 50% durante los meses del estado de alarma, de marzo a mayo, debido a la devastación económica de muchas familias, que se han quedado sin ingresos y sin trabajo, según el cálculo del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAE). Es una bofetada para las comunidades de propietarios, que llevaban tres años achicando su volumen de morosidad, que superaba los 1.500 millones de euros. Antes de la pandemia, el 35% de las fincas tenía algún deudor entre sus filas. A partir de ahora, se da por descontado que esta cifra crecerá. “La morosidad será mayor cuando acabe el estado de alarma y conozcamos el impacto real en la economía. La gran diferencia con la anterior crisis es que esta llega de golpe”, opina Salvador Díez Lloris, presidente del CGCAE. La dureza de ese golpe no será igual para todas las comunidades, dependerá de la renta de los vecinos y de si esta nueva crisis les pilla con un buen fondo de reserva.

Por si fuera poco, las fincas tienen que adaptarse a un nuevo mundo en el que hay que priorizar la desinfección de los edificios para evitar contagios. Esto supone más gastos, sobre todo para las que tienen piscina, gimnasio, pistas deportivas, columpios o salas comunes. “El incremento del gasto puede oscilar entre un 15% y un 20% de media para una comunidad de 100 viviendas con piscina. Si además dispone de pista de pádel o de tenis puede aumentar un 2% adicional para garantizar que dichos espacios y zonas estén higienizadas y limpias con la regularidad prevista por las autoridades sanitarias”, calcula Isabel Bajo, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). En cambio, las “comunidades sin piscina o zonas comunes de ocio van a sufrir unos incrementos de costes por el tema de las desinfecciones prácticamente inapreciables, de entre el 5% y el 7%”, aprecian en Mutua de Propietarios.

Este sobrecoste incluye, además de la desinfección general, el uso de mochilas pulverizadoras para limpiar cada mañana el suelo de la pista de pádel o tenis, geles dosificadores en cada rincón, alfombrillas desinfectantes o pediluvio, toallas de papel individuales y cubos de basura para el material desechable.

Hay más. En el nuevo gasto la piscina se lleva un buen pellizco. Para abrirla este verano el Gobierno exige un aforo máximo del 30%, con cita previa y turnos, lo que implica dos cosas: disponer de un sistema de control de acceso o contratar más personal. “Casi ninguna tiene un torno de acceso ni la figura del controlador”, dice Isabel Bajo. Calcula que para una comunidad de 100 pisos la contratación de un controlador puede suponer hasta 8.000 euros por tres meses de temporada. La cuenta es bien sencilla: los administradores de fincas advierten de que la mayoría de comunidades de propietarios no podrá abrir sus piscinas.

Las que pueden permitirse el gasto, empiezan a automatizarse. “Nos están demandando sistemas para regular accesos y controlar aforos a piscinas y pistas de pádel que no necesitan contacto físico”, dice Gricell Garrido, de Prevent Security Systems. Son tarjetas, llaveros o pulseras que hay que acercar al lector de proximidad para que la puerta se abra y se cierre. La instalación completa cuesta entre 1.500 y 2.000 euros, aunque se puede contratar un renting o alquiler por 45 y 50 euros al mes para no hacer frente a las temidas derramas extraordinarias. Tanta es la prevención que “las comunidades que tienen instalados lectores de huellas los están cambiando ya, porque son una fuente de contagio”, comentan en Prevent, compañía que ha desarrollado una app para que cada propietario pueda abrir la puerta desde su propio móvil.

Las comunidades más privilegiadas en cuanto a capacidad de pago y liquidez también se están parapetando con equipos que toman la temperatura corporal. “Debido al incremento de personas ajenas, como repartidores de comida a domicilio o de paquetería, nos solicitan medidores de temperatura para que los porteros puedan controlar mínimamente si la persona que accede tiene fiebre o no”, explica Garrido. “La medición remota mediante las cámaras termográficas permite detectar la presencia de personas con síntomas de fiebre”, explican en Securitas. La solución más básica que ofrece esta firma, que consiste en una cámara portátil, cuesta alrededor de 1.000 euros.

El ascensor es otro de esos equipos que están en el punto de mira. La Federación Empresarial Española de Ascensores (Feeda) está estudiando con un grupo de expertos cuál es el producto más efectivo y menos dañino para el usuario. Sea lo que sea lo que instalen los vecinos, habrá que pagarlo aparte y no estará incluido en los contratos de mantenimiento a todo riesgo que tienen contratados. La compañía Fain ha lanzado soluciones para que sus elevadores se adapten a la nueva normalidad. Uno es la lámpara de luz ultravioleta en la cabina que elimina todo tipo de virus. Otro es llamar al ascensor desde el móvil, cuyo coste es una cuota mensual que se factura junto con el mantenimiento del ascensor.

Espacio libre de covid-19

Para muchas fincas estos gastos son, por ahora, imposibles de asumir. Pero si en algo están dispuestas a echar el resto es en la desinfección de sus edificios. Las empresas especializadas no dan abasto estos días. Los operarios tratan las superficies y el aire interior, priorizando las puertas y botoneras de ascensores, las barandillas y pasamanos, los timbres e interruptores, así como los pomos de las puertas y el portero automático.

Cada una aplica su protocolo de actuación. En la compañía Licec, “ejecutamos una doble desinfección para eliminar toda flora microbiana de superficies y ambientes, actuando siempre sin presencia de personas en el área a desinfectar”, dice Joaquin Bernad, director general. El protocolo de esta empresa consiste en la nebulización de peróxido de hidrógeno y en la generación de ozono in situ. El coste es de unos 200 euros para un portal de seis o siete pisos y garaje.

Importante fijarse que se contrata a una empresa homologada y con registro sanitario. Y tener en cuenta que el tratamiento con ozono aún está en evaluación en la Unión Europea. Ante la proliferación de dispositivos productores de ozono y el boom de empresas que ofrecen estos servicios, el Ministerio de Sanidad ha advertido de la peligrosidad de un uso inadecuado. Por supuesto, dice, “no se puede aplicar en presencia de personas y se deberá ventilar el lugar desinfectado antes de su uso”. Por este motivo hay empresas que emplean otras sustancias biocidas que sí están evaluadas y registradas. La compañía Anticimex usa dos tipos de productos: “Unos son de la familia de los detergentes y otros son los oxidantes, que destruyen los agentes patógenos por oxidación. El coste parte de los 200 euros”, indica Jordi Tapias, director técnico de la firma.

Fuente: elpais.com [SANDRA LÓPEZ LETÓN]

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