Los grandes propietarios ofrecen 30.000 viviendas al Estado para alquileres con rebajas del 20%

Los grandes propietarios tienden la mano al Gobierno para incrementar la oferta de vivienda . Fondos de inversión y bancos aseguran que están dispuestos a ceder hasta 30.000 viviendas para destinarlas a alquiler social. Arrendamientos que se situarían hasta un 20% por debajo del mercado y entre los que se encontrarían tanto viviendas vacías como okupadas cuando haya criterios de vulnerabilidad para luchar contra esta lacra.

Eso sí, los grandes propietarios ponen determinadas condiciones. Así lo ha explicado Eduard Mendiluce , consejero delegado de Anticipa y de Aliseda y representante de la asociación de propietarios Asval en un acto celebrado este miércoles en colaboración con Esade. En concreto, los grandes propietarios piden que estos acuerdos se lleven a cabo con el Estado y no con las comunidades autónomas para incrementar la «seguridad jurídica».

Asimismo, reclaman estabilidad para estos alquileres sociales. Mendiluce ha explicado que el planteamiento propuesto pasa por una cesión durante 25 años al Estado , que se convierte en arrendatario y otorga al propietario que cede la vivienda un horizonte temporal que permite visibilidad y certeza en el largo plazo. «En definitiva, el sector privado y el público deben sentarse para buscar juntos modelos que sean eficaces y escalables», ha sostenido el representante de Asval.

La propuesta de los grandes tenedores se basa en una fórmula similar a la implantada en Irlanda, donde el Estado cuenta con acuerdos con el sector privado para incrementar el «stock» de vivienda asequible. Y va en línea con las iniciativas planteadas por el Ministerio de Transportes.

En concreto, el departamento que dirige Raquel Sánchez se ha propuesto levantar 20.000 viviendas para alquileres sociales, además de llegar a acuerdos con la Sareb para incrementar el parque de vivienda pública.

Transportes también estudia una fórmula similar a la planteada por los grandes propietarios para que fondos y bancos cedan al Estado hasta 30.000 viviendas. Un proceso que según explican desde el departamento se llevaría a cabo con una fórmula similar a un concurso pero que, en ningún caso, se realizaría antes de 2023 porque el Ministerio ya no cuenta con fondos disponibles para acometerlo.

Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo de Transportes, ha explicado en el mismo evento que «llevamos trabajando unos cuantos años en ver cómo nos reinventamos todos. Soy optimista, esto ya no tiene vuelta atrás en 2022: estamos ante un sector y unas Administraciones que han entendido que hay que cambiar la forma de actuar en relación con la vivienda , estructural y sistemáticamente. Estamos aprendiendo juntos; y este proceso de aprendizaje y de ajuste no está siendo tan ágil como nos gustaría».

Las inmobiliarias aseguran que la falta de oferta es una de las principales razones que explican la subida de la vivienda en las grandes urbanas. Una tesis que también ha compartido en gran parte la rama socialista del Gobierno . Desde Unidas Podemos, sin embargo, se culpa a la especulación del mercado.

Fuente: abc.es

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