La Sareb, los bancos, las sociedades inmobiliarias y las entidades públicas de gestión de viviendas acumulan el 19% de la morosidad existente en las comunidades de propietarios españolas, según el último informe correspondiente a 2013 publicado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España y el Observatorio de las Comunidades de Propietarios. En total, adeudan 342 millones de euros.

La constante adjudicación de viviendas por parte de las entidades financieras (35.098 en el primer semestre de 2013), ya sea por procesos de ejecución hipotecaria o por daciones en pago no hace sino acrecentar este problema. «Según la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), cuando un banco se hace cargo de un piso o local debe asumir los mismos derechos y obligaciones impuestas a las personas físicas«, señala Ángel Ignacio Mateo, secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAF).

Ante las deudas, el resto de propietarios debe hacer frente a derramas extras para atender los gastos

A este respecto, la última reforma de la LPH obliga al nuevo propietario a pagar las deudas contraídas con la comunidad correspondientes a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición de la vivienda y de los tres años naturales inmediatamente anteriores (denominado afección real). «Ahora bien», aseguran desde el CAF, «no todas las entidades cumplen con esta obligación«. «Y cuando lo hacen», prosiguen, «suelen desatender, a partir de ese momento, las cuotas ordinarias y derramas que se giran hasta que el banco consigue vender el inmueble». «Mientras», lamenta Mateo, «el resto de propietarios deben hacerse cargo, mediante derramas, de los pagos que dejan de realizar, para atender el mantenimiento del inmueble».

Para los administradores de fincas, la Sareb es una de las entidades que menos se preocupan de estar al corriente con los gastos del edificio una vez que adquieren viviendas vacías procedentes de entidades bancarias. El CAF alerta, además, de que la Sareb ha hecho como suyas tácticas empleadas por las entidades financieras, que «aunque son legales, perjudican a los compradores de viviendas».

«La Sareb no cumple con su obligación de comunicar al de secretario de la comunidad de vecinos el cambio de titularidad del inmueble«, explica Mateo. «Incluso», añade, «retrasa la inscripción de sus activos inmobiliarios en el Registro de la Propiedad para así no ser identificado como nuevo propietario y, en consecuencia, asumir sus obligaciones de pago».

Por lo que respecta al certificado de deudas, documento necesario para hacer efectiva la compraventa, el CAF reconoce que existen casos en los que el comprador exonera, por desconocimiento y muchas veces sin saberlo, a la Sareb o a los bancos de su obligación de presentar este documento en el que se reconoce estar al corriente de los pagos. «Es entonces cuando el comprador se encuentra con que el piso arrastra una deuda de la que no había sido convenientemente informado por parte de la entidad que vende el piso«, reconoce Mateo. «No obstante», puntualiza, «la comunidad estará en su derecho de reclamar esa cantidad por estar igualmente el banco o la Sareb obligados a hacer frente a la afección real».

Para evitar estas situaciones, los administradores de fincas creen que «habría que obligar a las entidades financieras y a la Sareb a comunicar a la comunidad de propietarios la transmisión del inmueble en un plazo imperativo de siete días y a satisfacer la deuda vencida por cuotas de comunidad del inmueble antes de la transmisión». «Y vincular esta obligación a sanciones si no se cumple», añaden.

Sareb asegura cumplir

Por su parte, fuente oficiales de la Sareb han asegurado a ELMUNDO.es que sólo durante el primer trimestres de 2013 se abonaron 24 millones de euros en pagos a comunidades de vecinos. Respecto a la falta de transparencia, desde la entidad aseguran haber mandado cartas tanto a propietarios como a comunidades de vecinos anunciando el cambio de titularidad de los inmuebles una vez que estos pasaron de las entidades nacionalizadas a su balance.

«Además tenemos el canal abierto Sareb Responde a través de un teléfono 902 en el que recibimos llamadas de comunidades de vecinos solicitando el pago de cantidades adeudadas», aseguran desde la sociedad. «Si estos se retrasan es porque solicitamos toda la documentación que hay que estudiar y cotejar», añaden.

«De esos 342 millones de euros que los administradores aseguran que se adeudan, nuestro porcentaje debe ser muy pequeño», explican desde Sareb. «Primero, porque tenemos menos inmuebles que el conjunto de entidades financieras y, en segundo lugar, porque en los contratos de transmisión de activos que se firmaron al traspasar las viviendas desde las entidades cedentes constaba que éstas llegaban libres de cargas», concluyen.

 

FUENTE: EL MUNDO

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